Desplazamientos Forzados

Documentamos los eventos de desplazamiento interno en Guerrero, un fenómeno marcado por violencia, despojo y vulneraciones sistemáticas a comunidades indígenas y campesinas.

Acapulco

Marco Antonio Suástegui, líder comunitario del CECOP en Acapulco, enfrentó años de persecución y detenciones por su labor contra el proyecto hidroeléctrico La Parota. En abril de 2025 fue atacado a balazos y falleció días después, pese a contar con protección federal. Tras su asesinato, su esposa e hijos tuvieron que salir del estado para proteger su vida.

Conflicto comunitario Alacatlatzala – Malinaltepec

En Alacatlatzala, comunidad Ñuu Savi de Malinaltepec, un conflicto agrario con Cuatzoquitengo escaló desde el año 2000 por la disputa de tierras. La violencia derivó en enfrentamientos armados, un asesinato y cuatro personas desaparecidas. A pesar de mediaciones y mesas de diálogo, unas 40 familias de ambas comunidades han sido desplazadas por este conflicto histórico.

Alpoyeca

Ricarda, mujer Náhuatl de Alpoyeca, sufrió años de violencia extrema por parte de su expareja, quien ignoró órdenes de restricción y en 2017 la atacó con un machete frente a sus hijos. Ante la falta de justicia y la impunidad del agresor, sus dos hijos menores fueron desplazados a EUA, mientras sus hijas mayores viven en otra parte de México.

Juanacatlán, Metlatónoc

En 2012, la llegada de una iglesia protestante a la comunidad Mè’pháá de Juanacatlán desencadenó un fuerte conflicto intracomunitario motivado por diferencias religiosas. La tensión escaló a agresiones físicas e incluso al incendio de un vehículo. Más de 50 familias -alrededor de 160 personas- fueron desplazadas y, pese a vivir fuera del pueblo, siguen obligadas a participar en las fiestas patronales.

Metlatónoc – Cochoapa El Grande

En Cochoapa El Grande, una zona marcada por pobreza extrema, persiste la práctica de matrimonios forzados y “venta de menores”. Desde 2023, PUCOMIT ha acompañado a 11 niñas y adolescentes -de 8 a 17 años- que huyeron hacia Estados Unidos para evitar ser casadas. Algunas contaban con redes de apoyo; muchas otras no, y continúan siendo obligadas a estos matrimonios.

Ometepec

Tras el asesinato de su esposo en Ometepec, María enfrentó amenazas que la obligaron a huir primero a Chilpancingo y luego a Estados Unidos, dejando temporalmente a su hija al cuidado de familiares. Años después pudo reunirse con ella. En la Costa Chica, la violencia de género -particularmente la sexual- sigue en aumento, y PUCOMIT acompaña casos de menores que deben salir de la región ante la falta de justicia.

Tlapa

Arnulfo Cerón Soriano, dirigente del Frente Popular de la Montaña y defensor del derecho a la vivienda, salud y trabajo, fue desaparecido en octubre de 2019 en Tlapa. Su cuerpo fue hallado 40 días después en una fosa clandestina. Ante la falta de justicia y riesgo persistente, su familia se vio obligada a abandonar el país.

Zapotitlán Tablas

En Huiztlatzala, comunidad Me’phaa de Zapotitlán Tablas, más de una década de violencia dejó más de 50 asesinatos y provocó el cierre de escuelas y servicios de salud. Una balacera en 2018 aceleró el desplazamiento de familias. Para exigir justicia y un retorno seguro, 61 personas conformaron el Comité de Defensa de Desplazados.

Acapulco

Marco Antonio Suástegui, líder comunitario del CECOP en Acapulco, enfrentó años de persecución y detenciones por su labor contra el proyecto hidroeléctrico La Parota. En abril de 2025 fue atacado a balazos y falleció días después, pese a contar con protección federal. Tras su asesinato, su esposa e hijos tuvieron que salir del estado para proteger su vida.

Conflicto comunitario Alacatlatzala – Malinaltepec

En Alacatlatzala, comunidad Ñuu Savi de Malinaltepec, un conflicto agrario con Cuatzoquitengo escaló desde el año 2000 por la disputa de tierras. La violencia derivó en enfrentamientos armados, un asesinato y cuatro personas desaparecidas. A pesar de mediaciones y mesas de diálogo, unas 40 familias de ambas comunidades han sido desplazadas por este conflicto histórico.

Alpoyeca

Ricarda, mujer Náhuatl de Alpoyeca, sufrió años de violencia extrema por parte de su expareja, quien ignoró órdenes de restricción y en 2017 la atacó con un machete frente a sus hijos. Ante la falta de justicia y la impunidad del agresor, sus dos hijos menores fueron desplazados a EUA, mientras sus hijas mayores viven en otra parte de México.

Juanacatlán, Metlatónoc

En 2012, la llegada de una iglesia protestante a la comunidad Mè’pháá de Juanacatlán desencadenó un fuerte conflicto intracomunitario motivado por diferencias religiosas. La tensión escaló a agresiones físicas e incluso al incendio de un vehículo. Más de 50 familias -alrededor de 160 personas- fueron desplazadas y, pese a vivir fuera del pueblo, siguen obligadas a participar en las fiestas patronales.

Metlatónoc – Cochoapa El Grande

En Cochoapa El Grande, una zona marcada por pobreza extrema, persiste la práctica de matrimonios forzados y “venta de menores”. Desde 2023, PUCOMIT ha acompañado a 11 niñas y adolescentes -de 8 a 17 años- que huyeron hacia Estados Unidos para evitar ser casadas. Algunas contaban con redes de apoyo; muchas otras no, y continúan siendo obligadas a estos matrimonios.

Ometepec

Tras el asesinato de su esposo en Ometepec, María enfrentó amenazas que la obligaron a huir primero a Chilpancingo y luego a Estados Unidos, dejando temporalmente a su hija al cuidado de familiares. Años después pudo reunirse con ella. En la Costa Chica, la violencia de género -particularmente la sexual- sigue en aumento, y PUCOMIT acompaña casos de menores que deben salir de la región ante la falta de justicia.

Tlapa

Arnulfo Cerón Soriano, dirigente del Frente Popular de la Montaña y defensor del derecho a la vivienda, salud y trabajo, fue desaparecido en octubre de 2019 en Tlapa. Su cuerpo fue hallado 40 días después en una fosa clandestina. Ante la falta de justicia y riesgo persistente, su familia se vio obligada a abandonar el país.

Zapotitlán Tablas

En Huiztlatzala, comunidad Me’phaa de Zapotitlán Tablas, más de una década de violencia dejó más de 50 asesinatos y provocó el cierre de escuelas y servicios de salud. Una balacera en 2018 aceleró el desplazamiento de familias. Para exigir justicia y un retorno seguro, 61 personas conformaron el Comité de Defensa de Desplazados.

1 - Zona: Acapulco

Tipo de Conflicto: Defensa del territorio

Marco Antonio Suástegui fue líder comunitario y dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP) en Acapulco desde 2005, año en que inició el proyecto hidroeléctrico.

Había sido blanco de múltiples detenciones, estando en tres ocasiones en la cárcel. El 18 de abril de 2025 una persona le disparó en múltiples ocasiones, falleciendo el 28 del mismo mes. Marco contaba con protección del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras a nivel federal.

Su esposa e hijos se tuvieron que desplazar fuera del territorio del estado para salvaguardar su vida.

2 - Zona: Alacatlatzala – Malinaltepec

Tipo de conflicto: Intracomunitario por temas de territorio

El pueblo Ñuu Savi de Alacatlatzala, perteneciente al municipio de Malinaltepec, principalmente del pueblo Mè’pháá, sostuvo durante el año 2000 un conflicto comunitario con la comunidad de Cuatzoquitengo por la delimitación de tierras. Derivado de la escalada de violencia, el gobierno de Guerrero intervino firmando un convenio con Alacatlatzala para reconocerla como núcleo agrario en el Registro Agrario Nacional (RAN), otorgándole 150 hectáreas que anteriormente pertenecían a Cuatzoquitengo.

Alacatlatzala inició un juicio ante el Tribunal Unitario Agrario en Chilpancingo demandando el reconocimiento de tierras que pertenecen al núcleo agrario de Malinaltepec. El conflicto se volvió álgido cuando Alacatlatzala ocupó tierras de otros anexos, lo que provocó enfrentamientos armados, ocasionando la muerte de una persona y la desaparición de cuatro más. El Centro de Derechos Humanos “Tlachinollan” intervino en una mediación comunitaria en 2019 para localizar a las personas desaparecidas; el equipo fue retenido por más de diez horas en la comunidad de Malinaltepec. Finalmente, las personas desaparecidas fueron localizadas sin vida.

Actualmente, el conflicto ha disminuido gracias a que el Gobierno federal y estatal han instalado mesas de diálogo entre ambas comunidades. El Tribunal Agrario determinó que las tierras pertenecen legalmente a Malinaltepec y que Alacatlatzala es un anexo de esta comunidad. El caso sigue en los Tribunales Colegiados de Acapulco, donde se interpuso un amparo directo por parte de Alacatlatzala.

Esta situación ha generado desplazamiento de familias de ambas partes, afectando aproximadamente a 40 familias en este conflicto histórico.

3 - Zona: Alpoyeca

Tipo de conflicto: Violencia hacia las mujeres

Ricarda, del pueblo Náhuatl, vivía en Alpoyeca, donde también residía su ex pareja, Kristian Isaías N., a quien había conocido en los campos agrícolas de Chihuahua. Con el paso del tiempo, la violencia ejercida por su pareja marcó profundamente el entorno familiar.

La violencia física y verbal no cesó; al contrario, incrementó al grado de que sus hijas, de 20 y 18 años, defendían a su mamá. En varias ocasiones acudieron con la síndica municipal de Alpoyeca, donde levantaron diversas actas, pero su pareja nunca cumplió las órdenes de restricción. La síndica sugirió que acudiera a la Fiscalía en Tlapa de Comonfort para solicitar medidas de protección; sin embargo, al presentarse le informaron que no era posible otorgarlas porque “no había elementos suficientes”.

En 2017, Kristian N. llegó al hogar de Ricarda con un machete en mano. Destruyó una máquina de coser y posteriormente comenzó a acuchillarla, sin importar que sus dos hijos menores estaban en el domicilio. Sus hijos, de 8 y 10 años, se despertaron y salieron a pedir ayuda, pero ya era demasiado tarde.

Años después, ante la inexistencia de justicia -pues Kristian sigue sin ser detenido-, los dos hijos menores fueron desplazados a Estados Unidos, mientras que las dos hijas mayores se encuentran en otra parte de México. Actualmente, los menores esperan su ajuste migratorio en aquel país.

Información vía: Tlachinollan

4 - Zona: Juanacatlán, Metlatónoc

Tipo de conflicto: Intracomunitario por temas de territorio

En 2012 se dio un conflicto intracomunitario en la comunidad Mè’pháá de Juanacatlán, municipio de Metlatónoc, debido a la llegada de la Iglesia Bautista Fundamental Independiente, derivada del trabajo comunitario que realiza en Tlapa de Comonfort con dos orfanatos/albergues para menores en la región.

Asimismo, esta región tiene una fuerte influencia migratoria, tanto hacia campos agrícolas en México como hacia Estados Unidos, lo que ha abierto a la comunidad a nuevas formas de profesar cultos religiosos.

El conflicto surgió cuando el sacerdote de la parroquia de Igualita fue notificado sobre la presencia de una iglesia protestante en la zona, lo que motivó la convocatoria a una asamblea comunitaria. Uno de los acuerdos fue expulsar de la comunidad a dicha iglesia. Esto detonó un conflicto intracomunitario que escaló a enfrentamientos a golpes e incluso al incendio de un automóvil perteneciente a feligreses de la iglesia protestante.

El resultado fue el desplazamiento de más de 50 familias, conformadas por 160 personas entre menores, mujeres, hombres y personas de la tercera edad.

A pesar de encontrarse fuera de la comunidad, a pocos kilómetros de su centro, las personas desplazadas se ven obligadas a contribuir a las fiestas patronales de Juanacatlán.

5 - Zona: Metlatónoc – Cochoapa El Grande

Tipo de conflicto: Venta de mujeres

En esta región, enclavada en una de las más pobres de México, como lo es Cochoapa El Grande, los usos y costumbres siguen imperando al interior de la comunidad. Esta zona se ha vuelto internacionalmente conocida por los matrimonios forzados, donde se observa la llamada “venta de menores”. Esta situación ha provocado que muchas niñas y adolescentes decidan salir de sus comunidades antes de ser casadas.

Por ello, desde 2023, en PUCOMIT hemos acompañado a 11 menores que salieron de sus comunidades hacia Estados Unidos. Todas ellas, de entre 8 y 17 años, fueron sacadas de emergencia por sus padres o madres para protegerlas.

Una característica en estos casos es que contaban con una red de apoyo en EUA que facilitó su salida. Sin embargo, muchas otras menores no cuentan con este respaldo y son obligadas a casarse a cambio de una dote.

6 - Zona: Ometepec

Tipo de conflicto: Violencia hacia las mujeres

María, después del asesinato de su esposo José en Ometepec -quien era dueño de concesiones de taxis en la ciudad- intentó levantar una denuncia por los hechos; sin embargo, la persecución contra ella continuó. Ante ello decidió salir de la región y mudarse a Chilpancingo con su pequeña hija.

Debido a que las amenazas continuaban y estaban dirigidas hacia María, decidió trasladarse a Estados Unidos, dejando a su hija en Chilpancingo al cuidado de un familiar. Dos años después, decidió que su hija la siguiera. La pequeña Sofía fue entregada a autoridades de Estados Unidos en junio de 2024 y actualmente ambas viven un proceso de ajuste migratorio en aquel país.

La violencia de género, específicamente la violencia sexual en la región de la Costa Chica, sigue creciendo. Desde PUCOMIT hemos acompañado al menos dos casos de menores víctimas de violencia sexual que, ante la inoperancia de las autoridades, deciden salir de la región al no contar con condiciones suficientes para denunciar o acceder a la justicia.

7 - Zona: Tlapa

Tipo de conflicto: Desaparición de personas defensoras

Arnulfo Cerón Soriano fue líder social con residencia en Tlapa de Comonfort, dirigente del Frente Popular de la Montaña, dedicado a la defensa del derecho a la vivienda, salud, educación y trabajo (particularmente de comerciantes ambulantes). El 11 de octubre de 2019 fue desaparecido y 40 días después fue encontrado en una fosa clandestina a 4 metros de profundidad.

Ante la falta de justicia en el estado, la familia de Arnulfo tuvo que abandonar el país.

8 - Zona: Zapotitlán Tablas

Tipo de conflicto: Delincuencia organizada

En la comunidad indígena Me’phaa de Huiztlatzala, perteneciente al municipio de Zapotitlán Tablas, la ola de violencia tiene más de una década y ha dejado más de 50 personas asesinadas de manera violenta. Sus familiares señalan que la mayoría no tenía ningún tipo de problema o conflicto previo.

La violencia se recrudeció en noviembre de 2018 con una balacera que duró todo el día; como resultado, varias viviendas fueron incendiadas y hubo personas lesionadas. No se sabe si hubo fallecidos, pues las autoridades no pudieron ingresar a la comunidad. Las escuelas suspendieron clases, los docentes huyeron y los servicios de salud quedaron suspendidos de forma indefinida.

Como consecuencia, muchas personas salieron a otras partes del país; algunas trabajan actualmente como jornaleras en campos agrícolas.

Ante esta situación, se formó el “Comité de Defensa de Desplazados de Huiztlatzala”, integrado por 61 personas, con el objetivo de buscar justicia. Posteriormente, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” impulsó una reunión con autoridades en el INPI, donde se acordó garantizar el retorno y la seguridad de las personas desplazadas, comprometiéndose a no agredirse ni confrontarse nuevamente, así como a no continuar acciones legales previas.

Desde PUCOMIT hemos documentado diversos eventos de desplazamiento interno en Guerrero. De acuerdo con la ley, las personas desplazadas internas son aquellas que se han visto forzadas u obligadas a abandonar, escapar o huir de su lugar de residencia habitual, particularmente para evitar los efectos de un conflicto armado, la violencia generalizada, violaciones a los derechos humanos o desastres naturales o provocados por el ser humano, sin cruzar los límites territoriales del estado (Art. 2, p. V, L487).

Según la Relatora para los Derechos Humanos de las Personas Desplazadas en México, las causas del desplazamiento interno forzado son diversas y multifactoriales: violencia del crimen organizado, proyectos de desarrollo, conflictos comunitarios por la tierra, cambio climático, desastres naturales y la creación de áreas naturales protegidas.

De 2016 a 2024, Guerrero registra 29,235 personas desplazadas. La entidad ha sido históricamente uno de los principales focos rojos de desplazamiento interno forzado en México. Este fenómeno responde a factores estructurales y coyunturales, entre ellos la disputa violenta entre grupos del crimen organizado por el control territorial y de economías ilícitas (incluyendo mineras y concesiones), así como conflictos agrarios y de tenencia de la tierra. A ello se suma la violencia sistemática y prolongada contra comunidades indígenas y campesinas organizadas, expresada tanto en acciones directas como por omisión del Estado.

El desplazamiento ha impactado principalmente las regiones Costa Grande, Tierra Caliente, Sierra y Montaña, generando procesos masivos, prolongados y, en muchos casos, invisibilizados.

Un especial agradecimiento al Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, por su presencia constante en los casos de desplazamiento y por brindar defensa legal a las comunidades indígenas de la región Montaña. Muchos de los casos retomados en esta página fueron acompañados por ellas y ellos.

1 - Zona: Acapulco

Tipo de Conflicto: Defensa del territorio

Marco Antonio Suástegui fue líder comunitario y dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP) en Acapulco desde 2005, año en que inició el proyecto hidroeléctrico.

Había sido blanco de múltiples detenciones, estando en tres ocasiones en la cárcel. El 18 de abril de 2025 una persona le disparó en múltiples ocasiones, falleciendo el 28 del mismo mes. Marco contaba con protección del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras a nivel federal.

Su esposa e hijos se tuvieron que desplazar fuera del territorio del estado para salvaguardar su vida.

2 - Zona: Alacatlatzala – Malinaltepec

Tipo de conflicto: Intracomunitario por temas de territorio

El pueblo Ñuu Savi de Alacatlatzala, perteneciente al municipio de Malinaltepec, principalmente del pueblo Mè’pháá, sostuvo durante el año 2000 un conflicto comunitario con la comunidad de Cuatzoquitengo por la delimitación de tierras. Derivado de la escalada de violencia, el gobierno de Guerrero intervino firmando un convenio con Alacatlatzala para reconocerla como núcleo agrario en el Registro Agrario Nacional (RAN), otorgándole 150 hectáreas que anteriormente pertenecían a Cuatzoquitengo.

Alacatlatzala inició un juicio ante el Tribunal Unitario Agrario en Chilpancingo demandando el reconocimiento de tierras que pertenecen al núcleo agrario de Malinaltepec. El conflicto se volvió álgido cuando Alacatlatzala ocupó tierras de otros anexos, lo que provocó enfrentamientos armados, ocasionando la muerte de una persona y la desaparición de cuatro más. El Centro de Derechos Humanos “Tlachinollan” intervino en una mediación comunitaria en 2019 para localizar a las personas desaparecidas; el equipo fue retenido por más de diez horas en la comunidad de Malinaltepec. Finalmente, las personas desaparecidas fueron localizadas sin vida.

Actualmente, el conflicto ha disminuido gracias a que el Gobierno federal y estatal han instalado mesas de diálogo entre ambas comunidades. El Tribunal Agrario determinó que las tierras pertenecen legalmente a Malinaltepec y que Alacatlatzala es un anexo de esta comunidad. El caso sigue en los Tribunales Colegiados de Acapulco, donde se interpuso un amparo directo por parte de Alacatlatzala.

Esta situación ha generado desplazamiento de familias de ambas partes, afectando aproximadamente a 40 familias en este conflicto histórico.

3 - Zona: Alpoyeca

Tipo de conflicto: Violencia hacia las mujeres

Ricarda, del pueblo Náhuatl, vivía en Alpoyeca, donde también residía su ex pareja, Kristian Isaías N., a quien había conocido en los campos agrícolas de Chihuahua. Con el paso del tiempo, la violencia ejercida por su pareja marcó profundamente el entorno familiar.

La violencia física y verbal no cesó; al contrario, incrementó al grado de que sus hijas, de 20 y 18 años, defendían a su mamá. En varias ocasiones acudieron con la síndica municipal de Alpoyeca, donde levantaron diversas actas, pero su pareja nunca cumplió las órdenes de restricción. La síndica sugirió que acudiera a la Fiscalía en Tlapa de Comonfort para solicitar medidas de protección; sin embargo, al presentarse le informaron que no era posible otorgarlas porque “no había elementos suficientes”.

En 2017, Kristian N. llegó al hogar de Ricarda con un machete en mano. Destruyó una máquina de coser y posteriormente comenzó a acuchillarla, sin importar que sus dos hijos menores estaban en el domicilio. Sus hijos, de 8 y 10 años, se despertaron y salieron a pedir ayuda, pero ya era demasiado tarde.

Años después, ante la inexistencia de justicia -pues Kristian sigue sin ser detenido-, los dos hijos menores fueron desplazados a Estados Unidos, mientras que las dos hijas mayores se encuentran en otra parte de México. Actualmente, los menores esperan su ajuste migratorio en aquel país.

Información vía: Tlachinollan

4 - Zona: Juanacatlán, Metlatónoc

Tipo de conflicto: Intracomunitario por temas de territorio

En 2012 se dio un conflicto intracomunitario en la comunidad Mè’pháá de Juanacatlán, municipio de Metlatónoc, debido a la llegada de la Iglesia Bautista Fundamental Independiente, derivada del trabajo comunitario que realiza en Tlapa de Comonfort con dos orfanatos/albergues para menores en la región.

Asimismo, esta región tiene una fuerte influencia migratoria, tanto hacia campos agrícolas en México como hacia Estados Unidos, lo que ha abierto a la comunidad a nuevas formas de profesar cultos religiosos.

El conflicto surgió cuando el sacerdote de la parroquia de Igualita fue notificado sobre la presencia de una iglesia protestante en la zona, lo que motivó la convocatoria a una asamblea comunitaria. Uno de los acuerdos fue expulsar de la comunidad a dicha iglesia. Esto detonó un conflicto intracomunitario que escaló a enfrentamientos a golpes e incluso al incendio de un automóvil perteneciente a feligreses de la iglesia protestante.

El resultado fue el desplazamiento de más de 50 familias, conformadas por 160 personas entre menores, mujeres, hombres y personas de la tercera edad.

A pesar de encontrarse fuera de la comunidad, a pocos kilómetros de su centro, las personas desplazadas se ven obligadas a contribuir a las fiestas patronales de Juanacatlán.

5 - Zona: Metlatónoc – Cochoapa El Grande

Tipo de conflicto: Venta de mujeres

En esta región, enclavada en una de las más pobres de México, como lo es Cochoapa El Grande, los usos y costumbres siguen imperando al interior de la comunidad. Esta zona se ha vuelto internacionalmente conocida por los matrimonios forzados, donde se observa la llamada “venta de menores”. Esta situación ha provocado que muchas niñas y adolescentes decidan salir de sus comunidades antes de ser casadas.

Por ello, desde 2023, en PUCOMIT hemos acompañado a 11 menores que salieron de sus comunidades hacia Estados Unidos. Todas ellas, de entre 8 y 17 años, fueron sacadas de emergencia por sus padres o madres para protegerlas.

Una característica en estos casos es que contaban con una red de apoyo en EUA que facilitó su salida. Sin embargo, muchas otras menores no cuentan con este respaldo y son obligadas a casarse a cambio de una dote.

6 - Zona: Ometepec

Tipo de conflicto: Violencia hacia las mujeres

María, después del asesinato de su esposo José en Ometepec -quien era dueño de concesiones de taxis en la ciudad- intentó levantar una denuncia por los hechos; sin embargo, la persecución contra ella continuó. Ante ello decidió salir de la región y mudarse a Chilpancingo con su pequeña hija.

Debido a que las amenazas continuaban y estaban dirigidas hacia María, decidió trasladarse a Estados Unidos, dejando a su hija en Chilpancingo al cuidado de un familiar. Dos años después, decidió que su hija la siguiera. La pequeña Sofía fue entregada a autoridades de Estados Unidos en junio de 2024 y actualmente ambas viven un proceso de ajuste migratorio en aquel país.

La violencia de género, específicamente la violencia sexual en la región de la Costa Chica, sigue creciendo. Desde PUCOMIT hemos acompañado al menos dos casos de menores víctimas de violencia sexual que, ante la inoperancia de las autoridades, deciden salir de la región al no contar con condiciones suficientes para denunciar o acceder a la justicia.

7 - Zona: Tlapa

Tipo de conflicto: Desaparición de personas defensoras

Arnulfo Cerón Soriano fue líder social con residencia en Tlapa de Comonfort, dirigente del Frente Popular de la Montaña, dedicado a la defensa del derecho a la vivienda, salud, educación y trabajo (particularmente de comerciantes ambulantes). El 11 de octubre de 2019 fue desaparecido y 40 días después fue encontrado en una fosa clandestina a 4 metros de profundidad.

Ante la falta de justicia en el estado, la familia de Arnulfo tuvo que abandonar el país.

8 - Zona: Zapotitlán Tablas

Tipo de conflicto: Delincuencia organizada

En la comunidad indígena Me’phaa de Huiztlatzala, perteneciente al municipio de Zapotitlán Tablas, la ola de violencia tiene más de una década y ha dejado más de 50 personas asesinadas de manera violenta. Sus familiares señalan que la mayoría no tenía ningún tipo de problema o conflicto previo.

La violencia se recrudeció en noviembre de 2018 con una balacera que duró todo el día; como resultado, varias viviendas fueron incendiadas y hubo personas lesionadas. No se sabe si hubo fallecidos, pues las autoridades no pudieron ingresar a la comunidad. Las escuelas suspendieron clases, los docentes huyeron y los servicios de salud quedaron suspendidos de forma indefinida.

Como consecuencia, muchas personas salieron a otras partes del país; algunas trabajan actualmente como jornaleras en campos agrícolas.

Ante esta situación, se formó el “Comité de Defensa de Desplazados de Huiztlatzala”, integrado por 61 personas, con el objetivo de buscar justicia. Posteriormente, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” impulsó una reunión con autoridades en el INPI, donde se acordó garantizar el retorno y la seguridad de las personas desplazadas, comprometiéndose a no agredirse ni confrontarse nuevamente, así como a no continuar acciones legales previas.

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